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En México la innovación en el desarrollo de nuevos productos y la creciente informalización de los servicios financieros han transformado la forma en que las personas acceden al crédito y a distintos mecanismos de financiamiento. Sin embargo, este dinamismo también ha dejado en evidencia que las leyes relacionadas con la usura y la regulación de prácticas abusivas en el otorgamiento de préstamos se han quedado rezagadas frente a la situación actual del mercado.
La usura se define como la práctica de imponer intereses excesivos en préstamos y créditos. Esta conducta suele presentarse cuando se toma ventaja de la necesidad, el desconocimiento o la urgencia de quienes solicitan los préstamos. El fenómeno ocurre cuando el costo del préstamo excede los límites legales o razonables, causando que la deuda crezca de forma desmedida y su liquidación se vuelva prácticamente impagable.
Recientemente, se ha observado un incremento en los casos de usura y fraudes financieros, particularmente en la oferta de préstamos “inmediatos” promovidos por cajas de ahorro irregulares, entidades no reguladas y personas físicas.
El origen de la usura en México data a la época del Virreinato de la Nueva España, ante la ausencia de instituciones que brindaran préstamos, los sectores dedicados a la agricultura y el comercio carecían de maneras accesibles para obtener algún financiamiento para sus proyectos.
Ante esta necesidad, surgieron prestamistas particulares que otorgaban préstamos con intereses sumamente elevados, práctica que comenzó a identificarse como usura, a pesar de las restricciones morales impuestas por la Iglesia Católica en aquel tiempo, que condenaba el cobro desmedido de intereses, la actividad siguió existiendo debido a que muchas personas no tenían una manera de conseguir recursos económicos suficientes.
Con el paso del tiempo, en México se crearon bancos y leyes para regular los préstamos y evitar abusos. En la actualidad, se cuenta con organismos especializados, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuya función es salvaguardar los derechos de los usuarios y garantizar transparencia en el uso de los servicios financieros.
En el marco legal Actual la usura se encuentra tipificada como un delito en el código penal, a nivel estatal y federal, las autoridades determinan la responsabilidad penal basándose en la existencia de dolo; es decir, cuando el prestamista actúa con la intención de aprovecharse de la vulnerabilidad económica del solicitante, quienes realizan este tipo de financiamientos irregulares pueden llegar a enfrentar sanciones que incluyen penas de formal prisión, reafirmando el compromiso del Estado por erradicar las conductas que vulneran la estabilidad económica de la sociedad.
Entre las acciones más utilizados por prestamistas irregulares se encuentran:
Firma de documentos en blanco: se solicita la firma de pagarés o contratos con espacios sin llenar, omitiendo detalles cruciales como tasas de interés, plazos o fechas de vencimiento.
Falta de transparencia en los pagos: omisión sistemática en la entrega de comprobantes o recibos oficiales.
Reestructuraciones abusivas: mecanismos donde se "reinicia" la deuda, desconociendo deliberadamente los abonos realizados con anterioridad.
Costos ocultos: aplicación de intereses excesivos, los cuales suelen disfrazarse bajo conceptos de comisiones o cargos administrativos.
Para disminuir el riesgo de ser víctima de estos esquemas fraudulentos , se recomienda:
Validar la legitimidad institucional: solicitar créditos únicamente en entidades financieras inscritas en el Sipres de la Condusef.
Integridad documental: evitar la firma de documentos con espacios vacíos o en blanco.
Revisar detenidamente el contrato: realizar una lectura detallada de los contratos, verificando específicamente las tasas de interés, penalizaciones y plazos de pago.
Mantener un control de pagos: exigir comprobantes por cada transacción realizada y validar que la información sea registrada correctamente.
Desconfiar ante ofertas extraordinarias: desconfiar de créditos que prometen entregas inmediatas sin requisitos mínimos o sin consulta de historial crediticio.
Nota: antes de comprometer tu patrimonio, es altamente recomendable comparar alternativas en instituciones reguladas y verificar los antecedentes de la entidad financiera con la que vas a realizar el préstamo.
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